REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



EN SU NOMBRE
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO COJEDES
CORTE DE APELACIONES

San Carlos, 10 de Octubre de 2013.
203° y 154°

DECISIÓN N° HG212013000324
ASUNTO PRINCIPAL: HP21-P-2013-004721
ASUNTO: HP21-R-2013-000211
JUEZ PONENTE: GABRIEL ESPAÑA GUILLEN
MOTIVO: RECURSO DE APELACIÓN DE AUTO.
DELITOS: HOMICIDIO CALIFICADO PERPETRADO CON ALEVOSÍA y POR MOTIVOS FÚTIL EN GRADO DE COAUTOR, QUEBRANTAMIENTO DE PRINCIPIOS Y PACTOS INTERNACIONALES y USO INDEBIDO DE ARMA DE GUERRA.
I
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
MINISTERIO PÚBLICO: ABGS. JUAN TABARES, ALBA MARTÍNEZ y HECTOR ALVARADO, FISCAL 39° DEL M.P. A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA PLENA; 83° DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES y FISCAL AUXILIAR 81° DEL M.P. DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS CON COMPETENCIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES, ACUSADO: HOMERO SÁNCHEZ ARAUJO, RECURRENTE: ABG. JOSÉ AROCHA, DEFENSOR PRIVADO.

Según se evidencia del Listado de Distribución emanado de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, en fecha 16 de Septiembre de 2013, correspondió a esta Corte de Apelaciones el conocimiento del Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadana Abogado José Francisco Arocha, en su condición de Defensor Privado, en contra de la decisión dictada en fecha 22 de Agosto de 2013, en Audiencia Preliminar, y publicado el auto fundado en fecha 27 de Agosto de 2013, por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control N° 01, de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual entre otras decisiones acordó declarar Sin lugar la solicitud de nulidad planteada por la defensa, en la causa seguida al ciudadano HOMERO SÁNCHEZ ARAUJO, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO PERPETRADO CON ALEVOSÍA y POR MOTIVOS FÚTIL EN GRADO DE COAUTOR, QUEBRANTAMIENTO DE PRINCIPIOS Y PACTOS INTERNACIONALES y USO INDEBIDO DE ARMA DE GUERRA, dándosele entrada en fecha 16 de Septiembre de 2013, asimismo se dio cuenta la Corte en pleno y se designó Ponente al Juez que con tal carácter suscribe el presente fallo, a quien le fueron remitidas las presentes actuaciones.
En fecha 19 de septiembre de 2013, se dictó auto donde se acordó devolver las presentes actuaciones al Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, a los fines de que fuera anexada la copia certificada del auto motivado de la decisión de fecha 22 de Agosto de 2013, asimismo debería a la mayor brevedad posible, remitirlo nuevamente a esta Corte de Apelaciones, una vez anexada la copia certificada.
En fecha 23 de septiembre de 2013, se dictó auto donde acordó reingresar el asunto bajo la misma nomenclatura HP21-R-2013-000211 y continuar con el trámite correspondiente.
En fecha 24 de Septiembre de 2013, se dictó auto donde se acordó Admitir el Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano Abogado José Francisco Arocha, en su condición de Defensor Privado, en contra de la decisión dictada en fecha 22 de Agosto de 2013, en Audiencia Preliminar, y publicado el auto fundado en fecha 27 de Agosto de 2013, por el Juzgado de Primera Instancia en Funciones de Control N° 01, de este Circuito Judicial Penal, mediante la cual entre otras decisiones acordó declarar Sin lugar la solicitud de nulidad planteada por la defensa, asimismo no se admiten las pruebas promovidas por la Defensa Privada por cuanto esta Alzada observa que las mismas no fueron acompañadas con el escrito recursivo.
En fecha 03 de Octubre de 2013, se dictó auto donde se acuerda solicitar la causa principal signada con el N° HP21-P-2013-004721 al Juzgado Segundo de Juicio de este Circuito Judicial Penal a los fines de emitir pronunciamiento correspondiente al recurso de apelación presentado por el Defensor Privado Abogado José Francisco Arocha.
En fecha 10 de Octubre de 2013, se dictó donde se acordó no agregar las actuaciones originales signadas con el N° HP21-P-2013-004721 provenientes del Juzgado Segundo de Juicio de este Circuito Judicial Penal, por cuanto han de ser devueltas una vez revisada la misma.
En fecha 10 de Octubre de 2013, se dictó revisadas como han sido las actuaciones, es por lo que se acordó devolver las actuaciones originales signadas con el N° HP21-P-2013-004721 al Juzgado Segundo de Juicio de este Circuito Judicial Penal.
Efectuado el análisis de autos, observamos:


II
DE LA DECISIÓN APELADA

En fecha 22 de Agosto de 2013, en Audiencia Preliminar, y publicado el auto fundado en fecha 27 de Agosto de 2013, el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Control N° 01, de este Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, dictó decisión de la siguiente manera:
“…DE LAS NULIDADES Y EXCEPCIONES OPUESTAS POR LA DEFENSA.
Se declara sin lugar la solicitud de nulidad del escrito acusatorio invocado por la defensa; en virtud que el mismo llena los requisitos del articulo 308 del COPP como lo son: 1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o residencia de su defensor; 2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado; 3. Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan; 4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables; 5. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad; 6. La solicitud de enjuiciamiento del imputado, lo que hace procedente su admisibilidad.
En cuanto a las excepciones opuestas: Excepción contenida en el articulo 28 numeral 4 literal a: LA COSA JUZGADA. Esta excepción se declara sin lugar en virtud d e no constar en la causa ningún dato o sentencia que haga referencia o contenga decisión tomada por Tribunal alguno sobre los hechos que han sido investigados en el presente asunto y por el cual el Fiscal del Ministerio Publico presento Acusación o que exista un Sobreseimiento sobre los mismos hechos.
En cuanto a las excepciones opuestas: Excepción contenida en el articulo 28 numeral 4 literal e: Incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentar la acción, se declara sin lugar en virtud que los delitos por los que se presenta acusación son: HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSIA y POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, en perjuicio de ESLADIA CRISTINA VASQUEZ ROJAS Y QUEBRANTAMIENTO DE PRINCIPIOS Y PACTOS INTERNACIONALES, SUSCRITOS POR LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y USO INDEBIDO DE ARMA DE GUERRA previsto en el artículo 274 código penal los cuales son de acción publica, proseguibles de oficio , sobre los cuales existen denuncian sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su ocurrencia, se encuentra facultado el Ministerio Publico como titular de la acción penal iniciar investigación. Por lo que no puede en este caso declararse con lugar una excepción referente a falta de requisitos de procedibilidad acogiendo este Tribunal los siguientes criterios de nuestro maximo Tribunal.
En cuanto a las excepciones opuestas: Excepción contenida en el articulo 28 numeral 4 literal i:
Falta de Requisitos esenciales para intentar la Acusación Fiscal. Se declara sin lugar en virtud que cumple el escrito acusatorio presentado por JUAN CARLOS TABARES HERNÁNDEZ, MERY GOMEZ CADENAS, ELVlS JOSE Rodríguez MOUNA, ALBA INÉS MARTÍNEZ GEARA y HÉCTOR ALVARADO, actuando en su condición de Fiscales Trigésimo Noveno (39°) del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena; Octavo (8°) del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena; Octogésimo (80°) del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia en Materia de Protección de Derechos Fundamentales, Octogésima Tercera del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Materia de Protección de Derechos Fundamentales y Fiscal Auxiliar Octogésimo Primero del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas, con Competencia en Protección de
Derechos Fundamentales, contra el ciudadano HOMERO SANCHEZ ARAUJO, […], POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE LOS DELITOS DE: HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSIA y POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, en perjuicio de ESLADIA CRISTINA VASQUEZ ROJAS Y QUEBRANTAMIENTO DE PRINCIPIOS Y PACTOS INTERNACIONALES, SUSCRITOS POR LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y USO INDEBIDO DE ARMA DE GUERRA previsto en el artículo 274 código penal, cumpliendo el mismo con los extremos legales del articulo 308 del Código Orgánico Procesal Penal como lo son: 1. Los datos que sirvan para identificar al imputado y el nombre y domicilio o residencia de su defensor; 2. Una relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que se atribuye al imputado; 3. Los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan; 4. La expresión de los preceptos jurídicos aplicables; 5. El ofrecimiento de los medios de prueba que se presentarán en el juicio, con indicación de su pertinencia o necesidad; 6. La solicitud de enjuiciamiento del imputado, lo que hace procedente su admisibilidad; por lo que se declara sin lugar la excepción opuestas por la defensa.
Por todos los razonamientos antes planteados se declara sin lugar las excepciones opuestas por la defensa privada abogado. JOSE FRANCISCO AROCHA y en consecuencia se declara sin lugar la solicitud de Sobreseimiento del presente asunto.
En cuanto a lo alegado por la defensa sobre la prescripción por extinción de la acción penal, este Tribunal declara dicha excepción sin lugar por los siguientes razonamientos que acoge esta juzgadora y que dejan sentado que los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSIA y POR MOTIVOS FUTILES E INNOBLES, en perjuicio de ESLADIA CRISTINA VASQUEZ ROJAS Y QUEBRANTAMIENTO DE PRINCIPIOS Y PACTOS INTERNACIONALES, SUSCRITOS POR LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y USO INDEBIDO DE ARMA DE GUERRA previsto en el artículo 274 código penal; no han prescrito…”. (Copiado textual y cursiva de la sala).

III
ALEGATO DEL RECURRENTE
El recurrente Abogado José Francisco Arocha, en su condición de Defensor Privado, actuando en representación del ciudadano HOMERO SÁNCHEZ ARAUJO, en la oportunidad de interponer el escrito del recurso de apelación, que examina esta alzada, explana lo siguiente:

(Sic) “…Yo, JOSE FRANCISCO AROCHA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-7.560.657, abogado en ejercicio inscrito en el LP.S.A. bajo el N° 48.10 1, actuando en este acto en mi condición de defensor privado del ciudadano HOMERO SANCHEZ ARAUJO, […], siendo la oportunidad procesal me dirijo a este Tribunal de la República, con el debido respeto en la presente ocurro de conformidad a lo establecido en los artículos 26, 5 1, 257 y 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia a lo establecido en los Artículos 13, 180 264 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, buscando la tutela efectiva del Estado ante este Tribunal de la República, con plena autoridad para garantizar a todos los Venezolanos la debida aplicación de la Justicia, en procura de exigir garantía del debido proceso, acudo con el propósito de apelar como en efecto lo hago, por ante este Tribunal, para ante la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, la declaratoria sin lugar de las nulidades planteadas en fase intermedia de conformidad con lo establecido en el artículo 439 Cardinal 5. del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo establecido en el artículo 180 del citado Código, ejerciendo el derecho a la defensa en representación del señalado imputado HOMERO SANCHEZ ARAUJO.
De los Hechos
Las actuaciones llevadas por los Representantes del Ministerio Público, no demuestran por vías jurídicas los elementos de convicción necesarios para sustentar la precalificación que contra mi defendido: HOMERO SANCHEZ ARAUJO, hace el Ministerio Público, los mismos, se basa en supuestos imaginarios no comprobados, ni siquiera presumidos, según se desprende de las viciadas e actuaciones realizadas, al inicio de las investigaciones (SIN EXISTIR FLAGRANCIA), se presenta una presunta Víctima que dice ser familiar de quien en vida se llamara ESLAIDA CRISTINA VASQUEZ ROJAS, y se inicia un proceso sin elementos que merezcan presumir la participación de mi representado en la comisión de los delitos de Homicidio Calificado con Alevosía y por Motivos Fútiles e Innobles, en perjuicio de ESLAIDA CRISTIINA VASQUEZ ROJAS, Quebrantamientos de Principios y Pactos Internacionales Suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, Uso Indebido de Armas de Guerra, todo de conformidad con lo previsto y sancionado en los Artículos 405 en concordancia con el 406 ordinal 2°, 155 numeral 3°, y 277 respectivamente del Código Penal Venezolano.
Se sorprende esta defensa en cuanto a lo narrado por la vindicta pública, en el encabezamiento del escrito acusatorio, donde hacen una apología de los movimientos guerrilleros y del delito de rebelión, cuando como representantes del Estado Venezolano y garantes del debido proceso y defensores de la ley, no han debido hacer apología de las actividades que realizaban las presuntas víctimas, en el presente procedimiento, porque aun actualmente el delito de rebelión y la subversión se encuentran tipificadas como delitos por nuestra legislación.
Resulta totalmente contradictorio y sorprendente lo expuesto por el Ministerio Público donde justifica o nos pretende hace ver que las presuntas víctimas en este procedimiento tenían una causa de justificación para sus acciones, consistentes .en el levantamiento público en armas y realizar o manifestar hostilidad contra los poderes del Estado, con el fin de derrocarlos.
La vindicta pública ciudadano Magistrados, reprocha a mi defendido, Homero Sánchez Araujo, el hecho de haber sido funcionario de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención, y el hecho de haber sido parte de los servicios de inteligencia de Estado Venezolano, cumpliendo con el deber encomendado por el Estado Venezolano de resguardar la integridad física de los Ciudadanos, el orden y las instituciones del Estado. Lo que constituye una discriminación por razones políticas por parte de la representación Fiscal en contra de mi defendido.
Los hechos según la representación fiscal sucedieron en un sector denominado Las Lajitas o las Tejitas, del Estado Cojedes, que en esta etapa del proceso aún no se ha podido determinar exactamente su ubicación, pues en algunas veces se ubica en Tinaquillo, Estado Cojedes y otras veces se ubica en Tinaco Estado Cojedes, lo que constituye una total indefensión, pues no existe el sitio del suceso y ni siquiera una inspección técnica criminalística del mismo.
La vindicta publica señala que la victima de los presuntos hechos punibles que se investigaron en este asunto fue ajusticiada, en otras oportunidades señala que fue emboscada por funcionarios de la DISIP, para finalmente señalar que la víctima se encontraba reunida con BRENDA ISABEL HERNANDEZ ESQUIVEL, VICTOR BRJZUELA y HENRY ANTONIO CEDEÑO FLEITAS, durmiendo, en una casa o rancho el día 28 de julio de 1.973, en un sector aún no determinado del estado Cojedes, cuando se presentó una comisión de funcionarios de la DISIP, y ametrallaron la casa resultando herida de muerte a causa de los disparos cuando se acercó a la puerta y trato de abrirla, señalando la representación Fiscal igualmente que las personas que se encontraban dentro de la vivienda no estaban armadas.
Esto es totalmente contradictorio porque de las actas del expediente muy especialmente del historial policial N° 036882 perteneciente a la ciudadana BRENDA ISABEL HERNANDEZ ESQUIVEL, y del historial policial N° 048424, perteneciente a ciudadano HENRY ANTONIO CEDEÑO FLEITAS, se desprende de copias certificadas que fueron promovidas por el Ministerio Publico y que se encuentran agregadas a presente asunto, en copias del libro de novedades de la DISIP Valencia, que fueron aprehendidos los ciudadanos BRENDA ISABEL HERNANDEZ ESQUIVEL, VICTOR BRIZUELA y HENRY ANTONIO CEDEÑO FLEITAS, y muerta la ciudadana ESLAIDA CRISTINA VASQUEZ ROJAS, luego de un intercambio de disparos, siendo trasladados con los siguientes recaudos: Dos Subametralladoras MADSEN, 5 cacerinas cargadas, Dos revólveres Smith Wesson, calibre 38, una bolsa con gran cantidad de proyectiles calibre 9 MM y 38, prendas militares de vestir, 7 pares de botas, 1 cartuchera, 1 fornitura, 12 placas de vehículos, y otros objetos.
De estas actas policiales promovidas por la vindicta pública se evidencia que es totalmente falso lo expuesto por el Ministerio Publico, pues si se encontraban armados para el momento de los hechos los ocupantes de la vivienda allanada o que fue objeto del procedimiento policial y perteneciendo estos ciudadanos a un grupo armado entrenado militarmente (Punto Cero), alzado en armas contra el Estado Venezolano, lo más racional es que estos ciudadanos entrenados para acciones subversivas, se enfrenten con las fuerzas del Estado, compuestas por funcionarios de la DISIP, Policía Técnica Judicial y Ejercito Venezolano, comisión de la cual no formaba parte mi defendido HORACIO SANCHEZ ARAUJO, porque no pertenecía a ningún grupo de fuerzas especiales o de asalto de la DISIP, ni de ningún cuerpo de seguridad.
Estas copias certificadas de los historiales policiales N° 036882 perteneciente a la ciudadana BRENDA ISABEL HERNANDEZ ESQUIVEL, y del historial policial N° 048424, perteneciente a ciudadano HENRY ANTONIO CEDEÑO FLEITAS, nos indican que luego de la detención de los ciudadanos BRENDA ISABEL HERNANDEZ ESQUIVEL, VICTOR BRIZUELA y HENRY ANTONIO CEDEÑO FLEITAS, en el Estado Cojedes, esos ciudadanos fueron procesados por el Juzgado Militar Segundo de Primera Instancia Permanente de Caracas, formulándole cargos el Ministerio Público, resultando condenados por los delitos de rebelión militar, siendo posteriormente beneficiados por un Indulto Presidencial, que implica un perdón de la pena, mas no del delito.
Se señala a mi defendido como autor de unos disparos a la vivienda a que se contraen los hechos, por encontrarse portando unas armas de guerra, y que con esas armas fue que se le causó la muerte a la ciudadana ESLAIDA CRISTINA VASQUEZ ROJAS, pero es el caso, que en el expediente no existe una acta o experticia que nos indique las características del arma o que arma portaba mi defendido presuntamente en el lugar de los hechos, y no puede constar ninguna acta porque mi defendido HOMERO SANCHEZ ARAUJO, no participo en ese procedimiento policial.
Ninguna acta policial menciona a mi defendido como integrante de esa comisión policial que se dirigió al Estado Cojedes, ni existe ninguna nota de algún libro del parque de armas de la DISIP, que indique que el día, 28 de julio de 1.973, le fueron asignadas unas armas de fuego a mi defendido HOMERO SANCHEZ ARAUJO, para un procedimiento policial en el Estado Cojedes, tenemos solo el dicho de dos testigos, que fueron aprehendidos en las circunstancias que se indican en el historial policial ya mencionado.
Esta situación a la que se encuentra sometido mi defendido, crea una total indefensión, violándose el debido proceso, que de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José, Artículo 8, Numeral 2. Literal b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada, lo cual debe ser garantizado por este Tribunal Colegiado de conformidad con lo establecido en el Artículo 1 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Código Orgánico Procesal Penal, al no estar llenos estos requisitos se hizo necesario que esta defensa planteara una serie de nulidades para así, por medio de las mismas, restablecer el debido proceso que debe prevalecer en toda actuación judicial.
En cuanto a los hechos imputados a mi defendido HOMERO SANCHEZ ARAUJO, no existe ningún elemento de convicción que demuestre que mi defendido FORMO PARTE DE LA COMISION DE LA DISIP, QUE EL DIA 28 DE JULIO DE 1.973, SE ENFRENTO CON UN GRUPO ARMADO FORMADO POR LOS CIUDADANOS BRENDA ISABEL HERNANDEZ ESQUIVEL, VICTOR BRIZUELA y HENRY ANTONTO CEDEÑO FLEITAS, RESULTANDO MUERTA LA CIUDADANA ESLAIDA CRISTINA VASQUEZ ROJAS, no está demostrada la presencia de mi defendido, en el sitio del suceso, es decir, donde se realizaran los presuntos delitos y en consecuencia, las referencias realizadas por los Funcionarios Investigadores, no han podido ser probadas por ser totalmente falsas de toda falsedad. No existen elementos estructurales de los presuntos delitos, en relación a lo investigado y mi defendido, no existe Armonía entre la Tipicidad y la Calificación Jurídica y la Ausencia de Actividad desplegada por mi representado; que a la luz de nuestra legislación evidencia la no Punibilidad.
Con fundamento a lo antes explanado se plantearon las siguientes nulidades en fase intermedia con la finalidad de restablecer el debido proceso y la tutela judicial efectiva.
Se planteó nulidad absoluta del escrito acusatorio por existir lo que se denomina en la doctrina La Cosa Juzgada, y se fundamento en lo siguiente:
De la declaración de los ciudadanos BRENDA ISABEL HERNANDEZ ESQUIVEL, HENRY ANTONIO CEDEÑO FLEITAS y del historial policial N° 036882, perteneciente a la ciudadana; BRENDA ISABEL HERNANDEZ ESQUIVEL, que se encuentra agregado a la primera (1) pieza del presente asunto en copia certificada a los folios 157 al 179, constante de veintiún (21) folios útiles, e igualmente del historial policial N° 048424, perteneciente al ciudadano HENRY ANTONIO CEDEÑO FLEITAS, que se encuentra agregado a la Tercera (3) pieza, Folios del 250 al 274 del presente asunto en copia certificada constante de veinticuatro (24) folios útiles, se desprende que los hechos por los cuales se procesa a mi defendido HOMERO SANCHEZ ARAUJO, ya los mismos fueron investigados; y procesados por esos hechos los ciudadanos BRENDA ISABEL HERNANDEZ ESQUIVEL y HENRY ANTONIO CEDEÑO FLEITAS, quienes fueron enjuiciados y condenados a cumplir penas privativas de libertad en fortaleza militar, por los delitos de Rebelión Militar, por Tribunales Militares (Juzgado Militar Segundo de Primera Instancia Permanente de Caracas), siendo posteriormente beneficiados por un Indulto Presidencial, que les permitió obtener la libertad.
El Indulto Presidencia supone el perdón de una pena, es decir, se perdonó el cumplimiento de la pena, el indultado sigue siendo culpable de los hechos por los cuales fue enjuiciado, pero el cumplimiento de la pena fue exonerado o le fue conmutado por otra forma de cumplimiento de pena.
De una simple lectura de las declaraciones de los ciudadanos BRENDA ISABEL HERNANDEZ ESQUIVEL y HENRY ANTONIO CEDEÑO FLEITAS y de los historiales policiales de estos ciudadanos promovidos por la representación de la vindicta publica, tenemos que estos ciudadanos antes mencionados falsean a la verdad, porque los mismos afirman que no se encontraban armados y que se encontraban en una reunión política, tomando decisiones políticas con respecto al grupo denominado PUNTO CERO, pero las evidencias del procedimiento policial promovido por la vindicta pública, en el presente procedimiento, nos dicen que se encontraban muy bien armados, con sub-ametralladoras Madsen, revólveres, y muchas municiones, que fueron robadas por el Grupo Guerrillero Punto Cero, al Puesto de la Guardia Nacional de Venezuela, ubicado en Ocumare del Tuy, el día 02 de enero de 1972, entre el inventario de lo robado tenemos Doce (12) Fusiles M14, Quince Sub-Ametralladoras Madsen, una caja de Granadas M26, y municiones 7.62 y 9 MM, que eran las utilizadas por este grupo en sus operaciones, hecho que no requiere prueba por ser un hecho notorio comunicacional, que forma parte ya de la historia de nuestro país, razón por la cual el Tribunal Militar competente, los condeno a cumplir penas privativas de libertad, pues de sus dichos afirman que fueron beneficiados los ciudadanos BRENDA ISABEL HERNANDEZ ESQUIVEL y HENRY ANTONIO CEDEÑO FLEITAS con Indultos Presidenciales.
Al respecto señalo el a-quo que no existía un acta en el expediente que indicara que esos hechos fueron investigados por algún Tribunal, pero si existe y es precisamente el historial policial ya mencionado promovido por la vindicta pública de los ciudadanos BRENDA ISABEL HERNANDEZ ESQUIVEL y HENRY ANTONTO CEDEÑO FLEITAS.
Por lo antes expuesto, al haber sido investigados estos hechos y juzgados los responsables de esos hechos, ciudadanos BRENDA ISABEL HERNANDEZ ESQUIVEL y HENRY ANTONIO CEDEÑO FLEITAS, logrando el Ministerio Publico una pena condenatoria privativa de libertad en contra de BRENDA ISABEL HERNANDEZ ESQUIVEL, VICTOR BRIZUELA y HENRY ANTONIO CEDEÑO FLEITAS, debe ser declarada con lugar la nulidad planteada en fase intermedia del escrito acusatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Código Orgánico Procesal Penal, con los efectos del Artículo 179 y 180 del mismo Código, procediéndose consecuencialmente conforme a lo establecido en el Articulo 34, Numeral 4. Del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Código Orgánico Procesal Penal.
Se planteó igualmente la nulidad absoluta del escrito acusatorio por existir lo que se denomina en la doctrina Incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentar la acción.
La representación fiscal obvio un requisito esencial para intentar la acción penal, para la investigación de los hechos que le imputan a mi defendido HOMERO SANCHEZ ARAUJO, en el presente asunto, especialmente los establecidos en la LEY PARA SANCIONAR LOS CRÍMENES, DESAPARICIONES, TORTURAS Y OTRAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS POR RAZONES POLÍTICAS EN EL PERÍODO 1958-1998, publicada en la Gaceta Oficial N° 39.808 del 25 de noviembre de 2011, especialmente los establecidos en los Artículos 19 y 20 de la citada ley cuyo contén ido es el siguiente:
Artículo 19
Recurso extraordinario de revisión constitucional
Cuando de las investigaciones del Ministerio Público o de la Comisión por lo Justicia y la Verdad, se evidencie la existencia de pruebas fehacientes que constaten plenamente la materialidad de violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, o la responsabilidad plena en la perpetración de los mismos, por las razones previstas en la presente Ley, las cuales sean pertinentes a causas judiciales o procedimientos administrativos que por cualquier razón procesal se encontrasen firmes, siendo dichas pruebas de tal naturaleza que de haber sido conocidas en su oportunidad la decisión definitiva hubiese sido distinta a La que constase en autos, el Ministerio Público solicitará a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia la revisión del expediente a los fines de su reapertura. La Sala Constituciona